Ayer a media tarde exhalaba su último suspiro la central térmica de Andorra (Teruel). Hace un año la flamante Ministra para la Transición Energética proclamaba enfáticamente que Andorra se iba a convertir en un referente de los procesos de transición justa; a día de hoy, la central se ha cerrado y los convenios de transición justa no se han suscrito todavía. La desesperación y el fatalismo han hecho presa en la población de la zona. Han convocado movilizaciones y piden el apoyo de sus conciudadanos; de sus políticos no esperan ya nada, hartos de buenas palabras y declaraciones de intenciones.
En las fotos de Bruselas, se ve a los representantes de Castilla y León y de Asturias; ante esto, parece que los de Aragón espabilan, y desde el Departamento de Presidencia se busca – ¡por fin¡ – la alianza con esas regiones, campeonas en esta batalla, para no perder el acceso a los fondos comunitarios. Sin embargo, los que conocen el tema en profundidad saben que Aragón en estas cuestiones no está en la pole, y no porque a priori haya prejuicio discriminatorio frente a nosotros, sino porque hasta hace no mucho nuestras autoridades regionales no le han dado a esta cuestión la importancia que merece y, en consecuencia, no han dado la batalla convenientemente. Ahora que parece que vamos despertando, esperemos llegar a tiempo.
Por encima de todo, está el fanatismo irracional del sedicente Gobierno de España – o de lo que va quedando, cada vez menos -, que cierra todas las centrales a marchas forzadas, mientras otras grandes regiones carboníferas de Europa – en Alemania, en Polonia – llevan a cabo una transición más acompasada en función de las circunstancias del tejido productivo existente y… se benefician en mayor medida de los fondos estructurales comunitarios.
Entretanto, y para completar el sombrío panorama, se ha publicado el demoledor informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los fondos del llamado Plan Miner, de ayudas públicas para la reindustrialización y reestructuración de las cuencas mineras. El Tribunal de Cuentas denuncia con llamativa contundencia el descontrol en las ayudas a la minería del carbón entre 2006 y 2017. En total, 1.786 millones de euros que se han movido de forma “ineficiente”, “irregular”, “discrecional” o, incluso, de forma opaca. En todos los casos, al margen de las normas de contabilidad pública. De esa cantidad, 1.105 millones de euros fueron destinados a infraestructuras y 681 millones a proyectos empresariales “sin que se elaboraran estudios, análisis o memorias que facilitasen información sobre el impacto de los fondos aplicados”. El documento se refiere a los diferentes planes de reindustrialización alternativos al carbón aprobados durante ese periodo, y que, según el órgano fiscalizador, “carecían de los elementos esenciales para poder surtir los efectos estratégicos, ya que no se habían definido objetivos ni indicadores para realizar un seguimiento de los progresos conseguidos con ellos, ni se cuantificaba el impacto que se esperaba lograr”.
En términos más comedidos, pero tampoco precisamente encomiásticos, se expresaba ya el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, publicado en septiembre del año pasado: el Plan Miner ha contribuido a la mejora de las infraestructuras municipales y de forma parcial al desarrollo local y al empleo, con la implantación de industrias o servicios turísticos, pero no se ha logrado el desarrollo económico suficiente de las comarcas afectadas, ni ha sido eficaz para el mantenimiento de la población en las mismas. Entre las recomendaciones realizadas por los auditores del órgano regional de control externo destaca en la línea de ayudas a proyectos de infraestructuras hacer un seguimiento de las actuaciones y estudiar las ventajas y aportaciones que una iniciativa determinada supondrá a la zona en la que se desarrolla. A su juicio, es fundamental reflexionar sobre los efectos de planes anteriores y estudiar la situación económica y laboral de las zonas afectadas para estructurar cada nuevo plan con las medidas que verdaderamente pueden impulsar la zona y acompañarlas de actuaciones adicionales que hagan más atractiva la inversión al sector privado.
Sobre esto último hay que tener muy claro el criterio de que las subvenciones ayudan, facilitan, pero no sirven ni pueden servir para tratar de hacer viable un proyecto empresarial, un proyecto de inversión productiva. Hemos creado un sistema en el que de hecho existen fondos transnacionales de inversión especializados en la “caza y captura” de subvenciones y ayudas públicas, pero a la hora de la verdad, cuando esas inversiones tienen que materializarse y perdurar más allá del umbral crítico de los cinco años, nos encontramos con que buena parte del dinero se ha perdido por el camino, en polígonos industriales vacíos y proyectos empresariales frustrados.
JAVIER AMO PRIETO
