En el primer trimestre de 2020 la deuda del conjunto de las administraciones públicas subió hasta el máximo histórico de 1.224.161 millones de euros, alcanzando el 98,9% del PIB. Se disparó en términos absolutos un 2,96% respecto a diciembre de 2019, 35.294 millones de euros más, como consecuencia de la crisis del COVID-19. En comparación con el mismo trimestre del año anterior creció un 2,3%, con 27.494 millones más, según los datos publicados por el Banco de España. De esta forma, la deuda pública marcó su máximo histórico en el primer trimestre, afectado desde mediados de marzo por las medidas de restricción de movilidad derivadas del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del COVID-19, al elevarse un 3% en términos trimestrales y un 2,3% interanual. En consecuencia, la ratio de deuda pública sobre PIB escaló al 98,9%, lo que supone 3,3 puntos porcentuales respecto a la ratio de cierre de 2019, cuando consiguió bajar y cumplir con el objetivo del 95,5% del PIB, y representa el nivel más alto desde el tercer trimestre de 2018. Para este año el Gobierno augura una ratio de deuda pública del 115,5% del PIB como consecuencia de la crisis del COVID-19, y el Tesoro revisó recientemente su programa de financiación elevando sus previsiones de emisiones en 100.000 millones ante las mayores necesidades.
Por administraciones, la deuda pública se incrementó en todas entre los meses de enero y marzo de este año, salvo en las corporaciones locales.
Así, la deuda del Estado subió en el primer trimestre a 1.094.947 millones de euros, un 3,1% más que en el trimestre anterior y un 2,7% más interanual, lo que representa el 88,5% del PIB, con un alza de 3,3 puntos porcentuales, marcando su mayor ratio de la historia.
Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas creció un 0,9% intertrimestral y un 0,6% interanual, hasta los 297.866 millones de euros en el primer trimestre, equivalente al 24,1% del PIB, cuatro décimas más que en 2019. Dentro de las comunidades autónomas, la deuda se elevó en términos absolutos en todas las regiones respecto al trimestre anterior salvo en Andalucía, Canarias, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Concretamente, Cataluña (79.429 millones de euros), Comunidad Valenciana (48.158 millones), Andalucía (35.244 millones) y Madrid (34.052 millones) siguen concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos, aunque también obedece a una cuestión de población. A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (15.395 millones), Castilla y León (12.780 millones), Galicia (11.687 millones), Murcia (9.965 millones), Islas Baleares (9.004 millones) y País Vasco (8.976 millones). Cierran la tabla Aragón (8.835 millones), Canarias (6.489 millones), Extremadura (4.904 millones), Asturias (4.788 millones), Navarra (3.011 millones), Cantabria (3.439 millones) y La Rioja (1.708 millones). No obstante, en porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 42,2%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha, con el 36,2%, y Cataluña, con el 33,7%. Les siguen Murcia (30,8%), Baleares (26,9%), Cantabria (24,2%), Extremadura (23,8%), Aragón (23,2%), Castilla y León (21,4%), Andalucía (21,3%), La Rioja (19,5%), Asturias (19,9%), Galicia (18,1%) y Navarra (14,4%). De su lado, la Comunidad de Madrid (14,3%), País Vasco (12,1%) y Canarias (13,8%) son las que menor deuda tienen respecto al PIB.
Por el contrario, las corporaciones locales redujeron un 1,5% su deuda en el primer trimestre, hasta los 28.878 millones de euros, un 11,9% menos interanual, lo que representa el 1,8% del PIB, una ratio una décima inferior a la de 2019. Por tamaño de ayuntamientos, los de más de 500.000 habitantes acumularon una deuda de 4.377 millones de euros hasta marzo, 364 millones menos que el trimestre previo, al tiempo que aquellos con más de 300.000 y menos de 500.000 la situaron en 740 millones, 21 millones menos, en tanto que la del resto de capitales bajó a 2.478 millones, 39 millones menos. Entre los que cuentan con más de 300.000 habitantes, Madrid, con una deuda de 2.005 millones de euros (-10,2% intertrimestral), sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, seguida de Zaragoza, con 703 millones (un millón menos) y Barcelona, con 731 millones (-6,5%). No obstante, las tres han reducido su endeudamiento respecto al trimestre previo y respecto al año anterior. Les siguieron Valencia (357 millones), Málaga (340 millones), Murcia (298 millones) y Sevilla (241 millones), que en todos los casos también la han reducido.
Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social se mantuvo en 55.025 millones de euros, por lo que marcó su récord histórico al crecer un millón, sumando 11.957 millones de euros más en un año, con un alza del 27,8%. La ratio sobre PIB es del 4,4%. Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social con carácter mensual de marzo a noviembre de 2019 para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Dichos préstamos, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores, no afectan a la deuda total del sector administraciones públicas, explica el Banco de España.
La crisis del coronavirus pasará una factura para la economía española innegable. Desde el Gobierno avisan de que la economía española «se está recuperando», en palabras de este lunes de la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. Pero en realidad la vuelta real a la normalidad económica no se producirá hasta dentro de varios años. Puede que incluso cinco. Según las últimas proyecciones del Banco de España, el peor de los escenarios podría retrasar los niveles previos a la crisis, teniendo en cuenta las gráficas incluidas por el supervisor financiero en sus últimas estimaciones económicas publicadas este lunes, hasta finales de 2024 o incluso el arranque de 2025.
¿Cuáles son los tres escenarios que baraja Banco de España?
El escenario más benigno es el de recuperación temprana, en el que la mejoría de la actividad desde su mínimo comienza a producirse a un ritmo algo más elevado ya en el curso del segundo trimestre y prosigue con posterioridad, sin que la envergadura de los posibles obstáculos que pudieran surgir en los próximos trimestres (de índole tanto sanitaria como económica o financiera) llegara a ser relevante. En este escenario de recuperación temprana el supervisor contempla que, tras el levantamiento del estado de alarma, «es posible evitar el surgimiento de nuevos focos de la enfermedad de magnitud significativa, por lo que no es precisa la reintroducción de medidas de contención».
El segundo escenario, de recuperación gradual, parte de un impacto más elevado de los cierres sectoriales en el segundo trimestre y, además, «incorpora la posibilidad de que, durante el período en que aún no se disponga de una vacuna o tratamiento eficaz contra el virus, aparezcan nuevos brotes epidémicos».
El escenario de recuperación muy lenta del organismo que dirige Hernández de Cos estaría caracterizado «por episodios intensos de nuevas infecciones» y «requeriría confinamientos estrictos adicionales». En este escenario de riesgo, el retroceso del PIB estimado llegaría hasta el -15,1 % durante este ejercicio y la recuperación de los niveles precrisis tardaría hasta finales de 2024 o el arranque de 2025.
En el escenario más benévolo, que establece una recuperación temprana, España recuperaría el PIB real de la economía en la segunda mitad de 2022. Es decir, en más de dos años. El escenario de recuperación gradual, el intermedio, del organismo que gobierna Pablo Hernández de Cos no contempla la recuperación del PIB del cuarto trimestre en todo el año 2022. De hecho, la tendencia que muestra el informe de este servicio de estudios revela que la recuperación no se produciría hasta la segunda mitad de 2023. En cambio, el «escenario de riesgo» del Banco de España revela que la vuelta a la riqueza del cuarto trimestre de 2019, antes de que estallara la pandemia, no se produciría hasta finales de 2024 o principios de 2025.
Tras el impulso inicial del PIB tras la debacle de 2020 las tasas de crecimiento se irán ralentizando. Y avisan del precedente de la crisis de 2008, que tuvo forma de W – con recaída en 2012 -. En ese caso hasta abril de 2017 no se recuperaron los niveles de riqueza previos a la crisis inmobiliaria, agravada por la tormenta de la deuda que estuvo a punto de llevar a la quiebra a países como España y a romper la moneda única europea. Casi una década después del arranque de la recesión.
Lo que está claro es que el impacto de la crisis en España será más grave que en otras economías europeas, según el Banco de España: «Los efectos del Covid-19 estarían siendo asimétricos por países, no solo en cuanto a la severidad de los brotes epidémicos, sino también en términos de su impacto económico». «En particular, España se encuentra entre los países del área del euro que presumiblemente se verán más afectados, como resultado tanto de las medidas de confinamiento más estrictas desplegadas hasta el momento como también a consecuencia de algunas características estructurales de su economía», señala el informe del supervisor. De hecho, el Banco de España calcula que la caída del PIB español será 3 puntos porcentuales superior en sus principales escenarios a los del conjunto de la eurozona.
A corto plazo el Banco de España prevé que la «caída de la inversión de las sociedades no financieras en 2020 será muy intensa, aunque con un grado de heterogeneidad significativo por sectores productivos». La espiral sería la siguiente: «Las empresas tenderán a renunciar a acometer nuevos proyectos de inversión, en un contexto de elevada incertidumbre acerca de sus ventas futuras y de disminución significativa del grado de utilización de la capacidad productiva actualmente instalada». A esto se suma que «las medidas de contención de la pandemia se han traducido en una reducción muy significativa de los ingresos de las empresas, lo que conlleva un descenso de los recursos disponibles para acometer su gasto en inversión». «Este no afecta solo al corto plazo, sino también al período posterior al levantamiento de las restricciones a la actividad, en la medida en que las empresas deberán afrontar el servicio de la deuda en la que están incurriendo en la actualidad», remarca esta institución. Por otro lado, el Banco de España avisa también que «la eventual materialización de nuevos brotes de la enfermedad haría aumentar la probabilidad de que las tensiones de liquidez asociadas al confinamiento deriven en problemas de solvencia, que serían más pronunciados en el caso de las empresas más endeudadas». En este escenario más inquietante, «las quiebras empresariales resultantes darían lugar a dos tipos de efectos adversos»: un aumento de la morosidad crediticia, que dificultaría la labor de intermediación crediticia del sistema financiero y el acceso de los agentes privados a la financiación, y una destrucción de empresas que se sumaría a una destrucción del stock de capital, lo que se traduciría en un contagio en el mercado de trabajo.
Los ingresos que recauda el Gobierno se están desplomando fuertemente como consecuencia de la crisis del coronavirus. La recaudación total del Estado se ha desplomado un 30,8% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado del año -teniendo en cuenta el desplome de los ingresos de enero a abril- la recaudación se ha desplomado un 4,4%.
Esto ha llevado a que el déficit del Estado en términos de caja -el que muestra la verdadera liquidez que hay en las arcas- se haya multiplicado casi por tres entre enero y abril con respecto al mismo periodo del año anterior. Concretamente el déficit ha pasado de los 8.496 millones de euros en los primeros cuatro meses de 2019 a los 23.220 este año. En porcentaje del PIB ya equivale al 2,08% del PIB frente al 0,68% del año precedente.
En términos de contabilidad nacional el déficit también ha pasado de 7.683 millones de euros a 19.929 millones, equivaliendo ya al 1,78% del PIB, según las estadísticas de Montero.
Todas las figuras impositivas se hunden en el mismo día que el Gobierno anunciaba una de sus promesas electorales que implican más gasto: el ingreso mínimo vital. Mientras que el Ejecutivo aseguraba que lanzaba una medida para acabar prácticamente con la pobreza extrema, las estadísticas de Hacienda mostraban que el IVA se desplomaba un 29,2% en abril -contando sólo con las operaciones interiores un 35%-; que el IRPF recaudaba un 13% menos y que el Impuesto sobre Sociedades metía en las arcas públicas un 69,5% menos que en el mismo mes del año anterior. Los impuestos especiales también han retrocedido un 7,7%, según las estadísticas del departamento que dirige María Jesús Montero.
En términos acumulados, el IVA se hunde un 4,7% hasta abril, el Impuesto sobre Sociedades restan dinero a las arcas públicas por lo que no se puede hacer una comparación con el año anterior (-2.697 millones de euros). El IVA entre enero y abril sigue creciendo un 2,9% pese al hundimiento del mes de abril, una tendencia que desaparecerá conforme avance el año. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue apostando por fuertes medidas de gasto público, que está desbocado.
En el mes de abril el Gobierno de Pedro Sánchez ha disparado el gasto público un 50,2%. En los cuatro primeros meses del año se ha desbocado un 14,7%, hasta los 57.615 millones de euros.
Los gastos de personal han crecido un 5,6% en el arranque del año 2020, después de un ejercicio 2019 en el que el Gobierno ya incumplió con sus compromisos de austeridad ante las autoridades comunitarias. El número de empleados públicos en España a fecha 1 de enero de 2020 supera ya al que había al inicio de la anterior crisis, en enero de 2008. El dato supone elevar el gasto público en salarios por encima de 2008, lo que dificulta afrontar la actual recesión originada por el coronavirus. El motivo es el fuerte incremento de empleados públicos en las comunidades autónomas, que además han superado en muchos casos en abril el récord de deuda pública. Según los datos del Ministerio de Función Pública, en enero había en España 2.597.712 empleados públicos en España, cifra superior por primera vez desde 2012 a la que había en enero de 2008. Sólo ha habido más personas trabajando para los organismos de las administraciones públicas en el periodo 2010-2012, con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno. A partir de la llegada del PP al Ejecutivo, y con su plan de ahorro para afrontar el elevado déficit público que dejó el PSOE, empezó a reducirse hasta que, de nuevo, llegó el PSOE al poder, en junio de 2018, fecha en la que empieza de nuevo a subir. El récord de empleados públicos se produjo en 2012, con 2,68 millones. El número de empleados públicos en la Administración central ha crecido respecto al año anterior, hasta 512.767. Sin embargo, el verdadero incremento se ha producido en las comunidades autónomas. Las regiones registran ya un total de 1.514.126 empleados públicos, una cifra récord, superior a la que había en 2008 y en 2012. Las regiones son las únicas que están en cifras récord.
La región que más ha aumentado su número de empleos públicos es Cataluña. El traspaso de competencias de la Administración central y el desafío independentista iniciado en 2012 ha disparado las personas que trabajan para consejerías y organismos públicos autonómicos. En enero de este año, en Cataluña había 208.256 personas trabajando para la Generalitat, una cifra desconocida hasta ahora. En enero de 2012, en la región catalana había 194.897 empleados públicos. Actualmente hay 16.000 personas más dependiendo del Gobierno de Quim Torra. En 2008, último año antes de la crisis, superaban los 162.400. En cambio, el número de funcionarios de la Administración central en Cataluña se ha ido reduciendo paulatinamente hasta este año, que registra 26.230 empleados públicos, ligeramente por encima del año pasado. Aún así, la diferencia entre empleados nacionales y los autonómicos nunca fue tan alta.
A Cataluña sólo le supera Andalucía, la región más poblada de España. A fecha de enero de 2020 había en Andalucía 269.891 empleados públicos. Ahora bien, hay que matizar que una vez que el califato socialista ha sido desplazado del gobierno, tras cuarenta años de satrapía incontestada, Andalucía no está en cifras récord, al tener menos empleados públicos que en 2012, y apenas 2.000 más que en enero de 2019.
La Comunidad de Madrid registra por su parte 189.588 empleados públicos, cifra también récord al ser superior a la de 2012 y 2008 en algo más de 2.000 funcionarios. En 2008 había en Madrid 187.364 empleados públicos y en 2012, algo más de 187.400.
Los ayuntamientos y administraciones locales se mantienen, como la administración central, en números todavía por debajo de 2008 y 2012.
Sin embargo, la partida que más crece en el acumulado del año es la de gastos corrientes, que crece un 42,7%. Y no porque en abril se haya disparado esta partida, ya que es un mes en el que se produce una caída del 30,9% pese al confinamiento que vivía el Estado. Mientras tanto, en lo que va del año, las inversiones reales se han desplomado un 8,6%. En el Estado apenas se han desembolsado en lo que va de año 864 millones para esta partida tan importante para el desarrollo de la economía, que los expertos consideran un multiplicador del crecimiento ya que por cada euro invertido la Administración recupera más de un euro a largo plazo. Por ahora, los gastos financieros están controlados, aunque en abril repuntan un 4,9% y en los cuatro primeros meses del año avanzan un 1,9%.
En su informe Hacienda destaca que «en los gastos destaca el aumento del 48,7% registrado en el mes de abril como consecuencia de las mayores transferencias corrientes a la Seguridad Social, que adelanta su nivel de ejecución hasta casi el 50%, y a las Comunidades Autónomas, al haberse completado en abril la actualización de las entregas a cuenta iniciada en marzo y haberse anticipado la mitad de los recursos correspondientes a la liquidación definitiva del ejercicio 2018 que habría de realizarse en el mes de julio».
El Gobierno infló los ingresos públicos previstos en la Actualización del Programa de Estabilidad. Es la conclusión que se puede extraer de la comparación del diagnóstico de la AIReF y el del propio Ejecutivo de Pedro Sánchez. A tenor de los datos que se conocen hasta el momento y de los distintos diagnósticos publicados, la conclusión es clara: el ministerio de Hacienda ha subestimado la caída de ingresos que se va a producir durante la crisis del coronavirus. Por ejemplo, mientras que el Gobierno calcula que los recursos obtenidos en 2020 superarán el 40% del PIB, concretamente situándose los ingresos en el 41,2%, la AIReF calcula en su escenario 1, que no contempla un rebrote en otoño, que la recaudación sólo se situará en el 39,5%. En su escenario 2, con un mes más de confinamiento después del verano, los ingresos serían del 39,4%, según este organismo. La única opción que explicaría que la caída de la recaudación sea como la que dice el Gobierno es que se produzca una subida fiscal del IVA o del IRPF en los próximos meses, un escenario que por el momento niega.
