La enseñanza en los centros concertados supone la prestación de un bien público por parte de entidades de iniciativa social (entiéndase sin ánimo de lucro). En el concepto amplio de la iniciativa social caben, además de las órdenes religiosas, las cooperativas de profesores en las que ha devenido la propiedad de muchos centros una vez que la orden religiosa propietaria no ha podido seguir gestionándolos. Entran en la categoría de iniciativa social otras entidades de naturaleza no necesariamente religiosa. Desde una perspectiva estrictamente técnica, el acuerdo entre el Estado y estos centros nace de la incapacidad del primero de atender toda la demanda de plazas escolares en una sociedad en la que la escolarización alcanza desde hace décadas al 100 % de la población en edad escolar.
La razón última del acuerdo entre el Estado y las entidades de iniciativa social es la misma que lleva a concertar la prestación de servicios sanitarios con los hospitales propiedad de estas entidades o empresas directamente privadas. En el caso de la iniciativa social, como en la enseñanza, el perfil mayoritario de estos centros es religioso sobresaliendo la red de hospitales de la Orden de San Juan de Dios. De momento, y veremos ahora por qué, el asedio económico a la enseñanza concertada no ha alcanzado a la sanidad concertada de iniciativa social. De entrada no es lo mismo jugar con la salud que con la educación. Dice bien César Antonio Molina que en España la educación es una cuestión que concierne sólo a las familias con miembros en edad escolar; deja de interesar cuando finaliza el ciclo educativo. En el caso de la salud se trata de una cuestión que nos concierte permanentemente.
Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol en lo que se ha dicho. Lo novedoso es analizar la enseñanza concertada desde la perspectiva de la Iglesia Católica a la que mayoritariamente están adscritos los centros concertados.
Cuando uno tiene la oportunidad de oír en confidencia a un sacerdote de edad avanzada y con su carrera eclesial concluida, te hace análisis como el siguiente. Las órdenes religiosas en España, viendo el problema nuclear de la falta de vocaciones y la imposibilidad de mantener un patrimonio muy amplio encontraron en la enseñanza una vía de supervivencia económica. Conseguir un colegio fue para muchas órdenes el fin de la angustia ante el colapso económico que se veía venir. De este razonamiento hay que excluir a la órdenes cuya razón fundacional y carisma fue el educativo; en estos casos, lo que aquí se dice no se aplica.
Para las órdenes que lo apostaron casi todo a la enseñanza concertada y a la supervivencia económica a través de los fondos del Estado, en poco tiempo abandonaron la evangelización como acción central de su carisma para dedicar la mayor parte de sus energías a la gestión educativa. La idea de que la educación sería una excelente plataforma para la propalación de su carisma y reactivar las vocaciones pronto se convirtió en un ejercicio permanente de equilibrismo para no perder el concierto educativo y con él la estrecha estabilidad económica.
Cuando la edad y falta de vocaciones hicieron que los religiosos abandonasen la impartición de clases para dedicarse a duras penas a la gestión de los centros, el profesorado contratado se convirtió en el principal grupo de interés al que ha respondido la gestión de los centros. Las familias pasaban pero los empleados se quedaban de manera que la gobernanza basculaba sobre estos. Si ya las órdenes religiosas se cuidaban mucho de no molestar a la administración regional de turno con tal de no perder el concierto, una vez en manos de los profesores laicos, el entreguismo a la administración ha sido tan absoluto que sólo pueden mencionarse apenas excepciones. Excepciones ejemplares, pero excepciones. Al aserto “paz por territorios” cabe contraponer el “concierto garantizado a cambio perfil bajo del ideario”. Apoyemos esto en tres ejemplos.
Las “enseñanzas de género” están en muchos centros concertados más ideologizadas que en muchos centros públicos. Hoy día es muy difícil distinguir entre el discurso sobre estas materias de un adolescente formado en la enseñanza concertada y otro que ha cursado sus estudios en la enseñanza pública. El miedo a no molestar a la administración lleva a niveles sorprendentes como el de algún centro muy esclavizado del Corazón que se negó a celebrar la fiesta de San José como el día del padre porque había alguna familia en la que sólo había madres. Cuando las familias que reivindicaban la celebración de San José apelaron al Obispo de la ciudad éste sólo reconoció que no tenía autoridad sobre el centro religioso al tiempo que les animaba a cambiar de colegio. En otra ocasión y en la ceremonia religiosa ofrecida con motivo del aniversario de los colegios de cierta orden religiosa, el obispo en su homilía afirmó: “He leído con interés en ideario de vuestros centros en las páginas webs. He encontrado referencias a la excelencia docente, a la calidad de las instalaciones y a la relación entre los miembros de la comunidad educativa, pero no encontré ni una sola referencia a Dios”. La autocensura es demoledora.
El vicepresidente Iglesias, conocedor de las tesis de Ernesto Laclau, sabe que la religión es, como el poder judicial, un elemento esencialmente conservador en un sistema democrático. Sabe dónde golpea. Como en la despenalización del aborto, se ha usado la misma estrategia de comunicación para sacar adelante la octava –ojo al dato-, la octava reforma educativa desde 1978. Si en la despenalización del aborto se utilizaba el ejemplo de las mujeres víctimas de la violación para justificar la ley a pesar de que los embarazos por este crimen eran mínimos, para asfixiar económicamente a la enseñanza concertada se usa el argumento de que utiliza fondos públicos para segregar por sexos. Ni el verbo “segregar” es inocente ni la enseñanza diferenciada por sexos es mayoritaria.
Entre quienes gestionan la enseñanza concertada aún se piensa mayoritariamente que mantener un perfil bajo en la educación religiosa es el pasaporte para garantizar la nómina a fin de mes. Es ilusorio. Tan ilusorio como pensar que los hospitales propiedad de órdenes religiosas mantendrán los conciertos si se niegan a aplicar la eutanasia avant la lêttre. Imaginemos que se empeñen en “facilitar” la muerte de algunos enfermos como víctimas propiciatorias que aplaquen la ira del Estado; aun así no podrán.
José Manuel Cansino Muñoz-Repiso es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad Autónoma de Chile