En la entrevista publicada el pasado 16 de enero en el diario El Mundo, Telmo Aldaz de la Quadra-Salcedo, nuevo presidente de la junta de gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista pronunciaba las palabras que encabezan este post. Con ellas trataba de aclarar qué es lo que realmente supone confesarse monárquico a estas alturas del siglo XXI, saliendo al paso de interpretaciones superficiales o deliberadamente ambiguas.
En este sentido, viene inmediatamente a nuestra consideración la doctrina clásica expuesta por Ernst Kantorowicz en su opus magnum «The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology» (1957).
Como enseñaban los glosadores del Medioevo, en el rey no hay un solo cuerpo natural, ni un solo cuerpo político, sino un cuerpo natural y político conjuntamente: corpus corporatum in corpore naturali, et corpus naturale in corpore corporato. Tenens dignitatem est corruptibilis, dignitas tamen semper est, non moritur. Por eso mismo, se decía «Le roi est mort ¡ Vive le roi ¡»; «Le roi ne meurt jamais», «le mort saisit la vif». En la monarquía como institución no hay muerte, solo sucesión. El reino, configurado como corpus mysticum, siempre vivo y orgánico (corpus corporatum), asume al heredero histórico, legítimo, como cabeza. Lógicamente, cuando la sociedad se configura como mero corpus mechanicum, por yuxtaposición o agregación de individuos, como sucede en los planteamientos abstractos de todas las ideologías que conforman la trama teórica del constitucionalismo moderno, la monarquía queda reducida a un apéndice atrofiado, a la cabeza de un Estado todopoderoso, que es el auténtico y único soberano, al menos en teoría, aunque en la práctica se vea reducido a organización pantalla de los partidos políticos que conforman el tinglado y que a su vez garantizan el dominio incontestado de la sinarquía globalitaria. No cabe aquí sucesión, en el sentido sustantivo, de unidad y continuidad histórica. Es por eso que frecuentemente a los auténticos monárquicos en España se les ha motejado de «antidinásticos», por no resignarse a rendir pleitesía a las burdas apariencias de una falsa monarquía.
Quienes creemos que la monarquía tradicional es la mejor forma de gobierno para las Españas sabemos que para que pueda haber monarquía tiene que haber corona, una dinastía y unas leyes sucesorias, pero no defendemos a la institución asumiendo ciegamente la ejecutoria de quien ostenta el título de Rey de España simplemente en calidad de Jefe del Estado. La vigente Constitución habla en este sentido de la monarquía parlamentaria como «forma política del Estado español». Esto no responde a la doctrina ni al principio monárquico, porque aquí la existencia de una corona es algo adjetivo con respecto al Estado, no es ni pretende ser la articulación concreta de una forma de gobierno. A este fenómeno aludían nuestros clásicos, como el padre Juan de Mariana, bajo la expresión «reyes de anillo», señalando que los tales, en realidad, no eran reyes.
Defender la monarquía es defender una potestad pública con los caracteres de unidad, continuidad, independencia, responsabilidad y legitimidad, derivando ésta de un pacto histórico con el pueblo, que articula nítidamente la distinción entre gobierno y representación social. Lo demás no son sino logomaquias, embelecos de usar y tirar, aparejos de «república coronada». Con todo, no deja de ser significativo, aunque sea como reconocimiento implícito de la autoridad moral e histórica de la institución, que muchos Estados continúen manteniendo en nuestro tiempo las exterioridades de la monarquía. «Algo tendrá el agua, cuando la bendicen»…
