El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no descarta una nueva caída del PIB en el primer trimestre del año, como consecuencia de las medidas de restricción a la movilidad que se han aplicado en dicho periodo, al tiempo que ha sostenido que el volumen de fondos públicos comprometido por el Gobierno “debe ser flexible” y adaptarse a la evolución de la pandemia.
Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración del I Simposio del Observatorio de las Finanzas organizado por Invertia (El Español), en el que se ha mostrado partidario de mantener las medidas excepcionales de apoyo a la economía “hasta que la recuperación sea firme”.
“Este apoyo es también crucial para evitar que a la crisis se le añada un componente financiero, que la haría más profunda y duradera”, ha advertido.
Según ha apuntado Hernández de Cos, el contexto macroeconómico actual se caracteriza por una recuperación “incompleta, gradual e incierta”.
“De hecho, como resultado de las medidas de restricción a la movilidad que ha sido necesario aplicar durante el primer trimestre, no es descartable una nueva caída del PIB en este período, lo que llevaría a que, a finales de marzo, su nivel se encontrara todavía algo más de 9 puntos por debajo del observado antes de la crisis”, ha advertido.
De Cos ha advertido de la necesidad de que los bancos mantengan un enfoque “prudente”, dado que el impacto de la pandemia no se ha manifestado plenamente en sus balances debido a las diversas medidas de respaldo público y a que los deterioros crediticios se producen con retraso temporal.
De hecho, ha apuntado que las proyecciones de los ejercicios de resistencia y las medidas implícitas de la calidad de crédito en las valoraciones observadas en los mercados financieros “sugieren un aumento de la morosidad en el horizonte próximo”. “Aparecen también ciertas señales de anticipación de deterioros, como el aumento de créditos refinanciados no dudosos y en vigilancia especial, y un comportamiento diferencialmente peor en segmentos como el consumo”, ha reconocido.
Por consiguiente, el gobernador ha instado a las entidades financieras a mantener la política de anticipación del reconocimiento de deterioros, que si se realiza de manera adecuada y a tiempo permitirá obtener un diagnóstico fiable de la situación que impida que se produzcan dislocaciones en la asignación de recursos financieros a las actividades productivas y se favorezca la adopción de las medidas necesarias para que la recuperación sea robusta y sostenida.
“El mantenimiento de este nivel de esfuerzo en los próximos trimestres permitiría cubrir las necesidades de provisionar que anticipan las pruebas de resistencia”, ha señalado.
El gobernador del Banco de España ha apuntado que las empresas no financieras y las familias han visto deteriorada su solvencia por la crisis, un problema que, de materializarse, supondría una destrucción de tejido productivo y de empleo, lo que acabaría afectando a la posición patrimonial del sector bancario, que a su vez podría responder con “una restricción crediticia que realimentara los efectos negativos sobre la capacidad de recuperación y el crecimiento económico a medio plazo”.
En este contexto, Hernández de Cos ha valorado que el nuevo paquete de ayudas a empresas y autónomos aprobado este mes por el Gobierno “puede resultar una herramienta útil” para reducir el riesgo de que la pandemia provoque el cierre de empresas y negocios viables que están atravesando una situación de dificultad especial, si bien ha alertado de que una ejecución rápida y homogénea es “particularmente relevante”.
Asimismo, ha señalado que los mecanismos de reparto deben permitir focalizar selectivamente las ayudas en las empresas viables pero con problemas de solvencia y que el volumen de fondos comprometidos “debe ser flexible”, adaptándose a la propia evolución de la pandemia y a la eventual materialización de los riesgos.
En el caso de las empresas no viables, el gobernador del Banco de España ve necesario una agilización de los procesos de liquidación para “evitar que se consuman en ese proceso recursos que podrían ser más beneficiosos en otras actividades”.
Según ha advertido, esta baja rentabilidad requiere que las entidades “sigan profundizando en las ganancias de eficiencia, reduciendo costes y utilizando más intensivamente las nuevas tecnologías”.
Hernández de Cos ha insistido en la necesidad de perseverar en una respuesta europea a la crisis, también en el ámbito financiero. Así, culminar con la Unión Bancaria mediante la aprobación de un fondo de garantía de depósitos europeo plenamente mutualizado supondría “una contribución decisiva” para garantizar la estabilidad financiera en el área del euro, tanto en los próximos meses como en un horizonte de medio plazo, ha asegurado.
Igualmente crucial sería, en su opinión, la profundización en el proyecto de Unión del Mercado de Capitales y la adecuación de la normativa de resolución y liquidación europea a una hipotética crisis sistémica o el posible papel de las compañías de gestión de activos para situaciones de grave deterioro de los balances de las instituciones financieras europeas.
Según ha resaltado De Cos, los Estados miembros de la UE deberían avanzar rápidamente para alcanzar un acuerdo que permita crear un procedimiento común europeo para la liquidación administrativa de las entidades de crédito. “En España, la experiencia reciente demuestra la poca eficiencia del actual procedimiento concursal para entidades de crédito en términos de plazos y de valor recuperado”, ha reconocido.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas registró un incremento del 0,23% en enero respecto al mes anterior, al sumar 3.037 millones, marcando un nuevo máximo histórico de 1.314.335 millones de euros, en torno al 117,3% del PIB, como consecuencia del mayor gasto y los menores ingresos derivados de la crisis del coronavirus, según los datos publicados este lunes por el Banco de España.
En términos interanuales, la deuda de las administraciones públicas ha crecido un 10%, al sumar 118.457 millones respecto a enero del año pasado, cuando la cifra alcanzó los 1.195.878 millones de euros.
El incremento de la deuda en enero se debe a un nuevo aumento del endeudamiento en el Estado, que ha tenido que hacer un esfuerzo extra de gasto debido al impacto de la crisis del coronavirus, como consecuencia del establecimiento de los sucesivos estados de alarma y los reales decretos aprobados para paliar la crisis.
Por su parte, las comunidades autónomas redujeron su deuda, mientras que las corporaciones locales y la Seguridad Social han mantenido más o menos estable su endeudamiento en el primer mes del año, con el descenso de algunos millones de euros.
Así, la deuda del Estado subió en enero un 0,2% respecto al mes de diciembre, con 2.418 millones más en un mes, hasta la cifra de 1.168.516 millones de euros. Respecto al año anterior repuntó un 10,4%, sumando 109.769 millones en los últimos 12 meses.
Por su parte, la deuda pública de las comunidades autónomas se redujo ligeramente en enero, con un descenso respecto a diciembre de 119 millones de euros, un 0,04% menos, hasta los 303.333 millones. Eso sí, en el último año la deuda regional ha crecido un 2,53%, añadiendo 7.511 millones de euros.
A su vez, las corporaciones locales rebajaron un 0,05% su deuda en el primer mes del año, con una caída de 11 millones, hasta los 22.000 millones de euros, y a nivel interanual se reduce un 4,8%.
Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social se ha mantenido estable (ha registrado un millón menos), hasta los 85.354 millones de euros. No obstante, a nivel interanual se disparó un 55,1%, acumulando 30.330 millones más en solo un año.
www.libremercado.com
