La economía española está en un proceso de deriva y hundimiento frente al cual las medidas gubernativas adoptadas no son más que parches cortoplacistas que a la larga sólo sirven para agravar la situación. El ciclo económico se agrava en España porque somos incapaces de poner soluciones a nuevos graves problemas estructurales y sistémicos.
En este contexto se ha planteado el Banco Malo como la solución al problemón inmobiliario que tienen las entidades financieras pero nada más lejos de la realidad.
Lo único que van a conseguir es trasladarlo al conjunto de la sociedad, socializarlo, esto es, hacer responsable del mismo al desesperado y maltratado Pueblo Español, que es lo que siempre se hace cuando los políticos son incapaces de poner coto a problemas causados por particulares irresponsables cercanos al Poder.
El Banco Malo es un perverso acto comunista en sí tanto en su creación como es su innata incapacidad de solución, además de origen, fuente y garantía segura de futura pobreza social y económica.
Como cualquier otro mercado, el inmobiliario se tendría que haber ajustado por la vía de la coincidencia de la oferta y la demanda en un precio justo, acorde a la situación actual, y cuanto antes mejor, como ha pasado en los pragmáticos países anglosajones, pero aquí, en España, hay tantas rigideces, complejos, inercias, normativas, administraciones, políticos, intereses oscuros y corruptelas que impiden que este mercado se ajuste por sí mismo.
El Ejecutivo, hinchado de autocomplacencia, levanta su “varita mágica” y saca de su cada vez más decrépita chistera un nuevo monstruo, mientras el público, nuestro Pueblo, cada vez más incrédulo, interioriza sus desgracias porque no es capaz de discernir un nuevo horizonte, mientras intuye que el estallido social se aproxima inexorablemente.
El Banco Malo será un elemento más que distorsionará el mercado inmobiliario en España.
Se va a convertir en un gigantesco aparcamiento de inmuebles, que más que de bienes activos será de pasivos, porque penderán sobre ellos innumerables deudas impagadas frente a terceros, como por ejemplo, deudas vencidas frente a las comunidades de vecinos donde radican, impuestos exigibles por parte de unas Administraciones Públicas caníbales que gravan hasta casi la confiscación los inmuebles, con el Ibi, las tasas de basuras, etc…, e infinidades de deudas colaterales que nacerán del costoso mantenimiento que exigen este tipo de bienes.
El Banco Malo será incapaz de sacarlos al mercado español, y ni siquiera creo que haga un mínimo esfuerzo para ello, porque una economía tan gravada fiscalmente, intervenida e ineficaz es incompatible con el ajuste de precios necesario. Ellos lo saben y nos lo están ocultando.
Pretenderán venderlos a extranjeros de moralidad y enriquecimiento dudosos, pero éstos tampoco, por mucho que les regalen nuestra nacionalidad con la transacción, aceptarán unos bienes sobre los que se carece de seguridad jurídica y fiscal.
Esos pisos, abandonados a un uso racional, desamparados de una propiedad responsable, supondrán un cada vez mayor coste social para el conjunto de España, pues en ellos se están colando irregular y violentamente ocupas, marginales y gente, en muchas ocasiones, de mal vivir, con lo que, además de los inmuebles en sí, los barrios y las comunidades de vecinos se están degradando a pasos agigantados y la Policía, ante la incapacidad de una justicia colapsada de forma crónica, está tapiando las puertas y las ventanas de los inmuebles afectados, haciendo que el paisaje urbanístico español se aproxime al de cárceles radicadas en el corazón de poblaciones cada vez más deprimidas.
Sólo un sistema basado en el orden y la auténtica justicia social podría poner coto a este caos inmobiliario
Los Bancos que han causado esta crisis inmobiliaria deben ser liquidados y sus responsables responder personal y patrimonialmente de los daños causados, el Banco Malo sería mejor que ni se creara, los inmuebles deben ser descargados de tanta presión fiscal, en especial la primera vivienda, y el mercado inmobiliario debe estar para dar respuesta justa y responsable a la realidad social de España, por medio de un ajuste de precios tanto en la compraventa como en los alquileres, que haga compatible el irrenunciable derecho fundamental de los españoles a una vivienda digna con la eficaz y rápida solución a un agujero negro económico que está imposibilitando nuestra recuperación económica y poniendo en jaque el futuro de nuestra Nación.
Guillermo Rocafort
Abogado, Profesor Universitario y Doctor en Económicas
