La libertad educativa está en juego en la América de Joe Biden, donde la Administración demócrata pretende la implantación en las aulas, de la “critical race theory” o “teoría crítica racial”, que persigue el fomento de la ideología radical del movimiento marxista Black Lives Matter (BLM) y semejantes en los centros educativos.
Como era de esperar, la implantación de estas medidas está contando con la oposición pacífica de cientos de miles de padres estadounidenses que buscar proteger a sus hijos del adoctrinamiento progresista.
Y esto no está gustando nada al inquilino del Despacho Oval ni a su equipo. Como ya contamos en Hispanidad, el Fiscal General de Biden, Merrick Garland, amenazó a los padres objetores a la dictadura educativa y encomendó al FBI que investigara las supuestas “amenazas” sufridas por los consejos escolares por parte de los “violentos padres”, a los cuales la Asociación Nacional de Consejos Escolares, calificó como “terroristas domésticos”.
Poco tiempo después, y ante la gravedad de las acusaciones, la propia Asociación Nacional de Consejos Escolares se ha visto obligada a pedir perdón por tal barbaridad. Pero esto no ha detenido a Garland.
A pesar de la presión de los padres y de la oposición republicana, el Fiscal General ha asegurado por segunda ocasión que no retirará la instrucción al FBI de perseguir a los padres objetores para confrontar el “aumento del acoso y las amenazas de violencia contra los miembros de los consejos escolares”.
El senador republicano Josh Hawley ha exigido su dimisión por haber movilizado al FBI para intimidar a los padres objetores.
El también senador republicano Chuck Grassley ha exigido a Garland que retire la orden de investigar a los progenitores y ha acusado al responsable de justicia de Biden de “instrumentalizar el departamento criminal y de seguridad nacional para utilizarlo contra los padres”.
Sin embargo, en pleno debate, se ha conocido un evidente caso de conflicto de interés y corrupción que afecta al progresista fiscal general de Biden. Y es que sus lazos con la “critical race theory” pueden ser no sólo políticos, sino también económicos. Así, se ha conocido que el yerno del Fiscal General Garland, Xan Tanner, es el presidente y fundador de Panorama Education, una compañía educativa que facilita contenidos a los colegios sobre “racismo sistémico y opresión” y “supremacía blanca”. Y no es precisamente una empresa pequeña, dado que tiene contratos con más de 23.000 colegios de todo el país, con lo que sus radicales contenidos llegan a 13 millones de estudiantes. Entre las joyas de Panorama está la promoción de la teoría crítica racial y recomendar artículos que califican a los seguidores del expresidente Donald Trump como “supremacistas blancos”. Panorama ha recibido inversiones por más de 76 millones de dólares y entre aquellos “filántropos” que han participado en eventos de financiación de la compañía destaca la Chan Zuckerberg Initiative, la fundación del fundador de Facebook e icono progresista, Mark Zuckerberg.
Mientras tanto, además de la persecución policial y judicial, los padres también están siendo sometidos a acoso por parte de los progresistas líderes educativos. Así, en California, la presidenta del Consejo Escolar de los Alamitos, Marlys Davidson, tras intervenir en un debate un padre denunciando la obligatoriedad de las mascarillas y la vacuna obligatoria para los estudiantes, y sin darse cuenta que su micrófono estaba abierto afirmó “que te jodan”. Un ejemplo de un gestor educativo progresista.
Vacunas obligatorias, dictadura racial en los colegios, FBI persiguiendo a “terroristas domésticos y supremacistas blancos”, parece que la agenda progresista y radical de Joe Biden ha de cumplirse, quieran o no los ciudadanos estadounidenses. Que la población vaya acostumbrándose a no ser libre.
Ignacio Aguirre
Publicado en Hispanidad – 31/10/2021
Mientras el Fiscal General de Biden persigue a los padres… (hispanidad.com)
