Como ya contó Hispanidad, en los últimos meses, los activistas progresistas habían incrementado la presión para que se retirase el magistrado del Tribunal Supremo, Stephen Breyer, del bloque progresista de la Corte, quien este año cumple 84 años y que es, en la actualidad, el juez de mayor edad del Alto Tribunal. El temor progresista era que, si Breyer no se retiraba ahora que un presidente demócrata podría designar a otro progresista para sustituirle, si falleciera dentro de unos años con un republicano en la Casa Blanca, supondría perder un decisivo voto en la Corte, como ocurrió con la sectaria Ruth Bader Ginsburg. Lo cierto es que Breyer manifestó que no pensaba retirarse y, de hecho, no tenía por qué hacerlo, dado que el cargo es vitalicio y en una institución de tal calibre e historia como la Corte Suprema, deberían prevalecer sus más que centenarias reglas sobre el capricho del sectarismo progresista.
Nunca se había alcanzado una bajeza de tal calibre como exigir a un magistrado que se retire para garantizar su sustitución por otro del mismo calado ideológico. El progresismo no es agradecido, y una vez que sus instrumentos dejan de ser útiles, los abandona como juguetes usados. Y no respeta el legado de quien, por otro lado, durante las casi tres décadas que ha ejercido en la Corte, siempre había sido un fiable voto progresista desde que Bill Clinton le propusiera en 1994. A pesar de la voluntad de Breyer de continuar en el cargo, ya predijimos que la presión sería tan brutal que le forzarían a renunciar. Y no nos hemos equivocado.
Breyer ha anunciado que al final del presente año judicial, se retirará de la Corte. Su sustitución no altera la composición ideológica del Tribunal, dado que los conservadores seguirán teniendo una mayoría ajustada de cinco a cuatro, pero permite al progresismo cambiar un vocal veterano por uno más joven. Y los demócratas no han tardado en preparar ya a sus candidatos.
El presidente Biden ha anunciado que designará a finales de este mes a su candidato para sustituir a Breyer. Biden ha prescindido de criterios meritocráticos, y se ha plegado de nuevo a la voluntad del movimiento marxista Black Lives Matter y el único criterio que seguirá es el de designar una mujer afroamericana y progresista. Así, en la comparencia, Biden ha afirmado que “la elegida será la primera mujer negra en ser nominada al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Hice esta promesa durante mi campaña presidencial, y ahora cumpliré dicho compromiso”.
De hecho Biden ya ha tomado su decisión, la elegida ha sido Ketanji Brown Jackson, jueza federal para la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos del Distrito de Columbia. Brown competía con Leondra Kruger, magistrada del Tribunal Supremo del Estado de California, Candace Jackson-Akiwumi, jueza federal para la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos del Séptimo Circuito y J. Michelle Childs, jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Carolina del Sur. Esta última partía como favorita, por cuanto está apadrinada por el congresista y líder de la bancada demócrata en el Congreso de Estados Unidos, Jim Clyburn, relevante legislador afroamericano por Carolina del Sur y uno de los principales aliados políticos de Joe Biden.
Ahora Biden necesita obtener la aprobación por mayoría de su candidata en el Senado, donde existe empate a 50 senadores entre demócratas y republicanos. Y de momento, Biden no tiene buenas noticias, por cuanto el senador demócrata Joe Manchin ha anunciado que votará no al candidato de Biden, argumentando que no apoyará ninguna nominación al Tribunal Supremo hasta después de las próximas elecciones presidenciales. En consecuencia, Biden necesitará que, al menos, un senador republicano vote a favor, para poder confirmar a su candidata con el voto de calidad de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, en su condición de presidenta del Senado. Llegados a este punto, las miradas se centran en los senadores republicanos Mitt Romney, Susan Collins y Lisa Murkowski, que siempre están dispuestos a traicionar a sus compañeros de filas, con tal de obtener el aplauso momentáneo de la progresía mediática.
De una forma u otra, Biden quiere controlar el Supremo, y si aún confirmando a su candidata, no surgen nuevas vacantes en el Alto Tribunal durante su presidencia para recuperar el control progresista del Tribunal, aplicará su fraudulento plan de incrementar de 9 a 12 el número de miembros de la Corte, que ya denunciamos en Hispanidad.
La deriva de Biden resulta peligrosa, y puede volverse en su contra. Dotando de poder a los jueces, dejas en manos de éstos la imposición de la agenda progresista, aprovechándose de la autoridad judicial. Es el caso de Colombia, donde ha sido el Tribunal Constitucional del país, el que ha aprobado el aborto libre hasta la semana 24 de gestación. Una decisión que ha sido criticada por el presidente colombiano Iván Duque que ha señalado que: “Estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y cinco personas no pueden plantearle a una nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los seis meses de gestación”. La creación de un Gobierno de jueces es una de las máximas amenazas para la democracia.
Ignacio Aguirre
Publicado en Hispanidad – 27/02/2022
Biden avanza hacia la reconquista progresista del Tribuna… (hispanidad.com)
