Hace más de un año, y con arreglo a la ley de transparencia, solicito información a la presidencia del gobierno canario sobre las mascarillas compradas a una empresa, cuyo nombre no voy a citar, pues me han demandado, ni el nombre de su administrador y/o testaferro, pues también me ha demandado, ni los datos del ministro –a Dios gracias, ya ex ministro-, que al parecer tutela o tutelaba a la empresa, quien también me ha demandado.
¡Será por demandas!
Esta gente debe de pensar que los juzgados no están atascados, y utilizan las demandas mordaza, para intentar callarme, pero es obvio que no me conocen, pero ya me irán conociendo…
La presidencia de Canarias tiene la desfachatez de contestar, en documento oficial, que no han comprado mascarilla alguna a la citada firma, un auténtico chiringuito, y al reprocharles esa falsaria contestación, y decirles que iba a emprender acciones legales contra ellos, por falsedad en documentos oficiales, remiten mi petición a la consejería de sanidad.
(Esos documentos, pueden verse en mi libro Ábalos Jaque Mate, a la venta en Amazon, al menos hasta que consigan su secuestro o retirada del mercado).
Más de un año después (las cosas de palacio, van despacio), me llaman por teléfono para pedirme un correo electrónico, pues tienen que enviarme “una cosa”.
Pensé que era la información solicitada, pero que va.
Se trata de una notificación administrativa, en la que me advierten que tengo diez días para descargar la información solicitada, o la que hayan querido facilitarme, pero como yo no tengo el DNI electrónico –ni quiero tenerlo-, no puedo descargar nada…
Les escribo de nuevo, y envío un correo electrónico al Servicio Canario de Salud, diciendo que deseo la notificación por procedimiento administrativo, entre otras razones para poder ejercitar los recursos, administrativos y judiciales, en su día, pero ni caso.
Me llama, eso sí, una señora, con voz zalamera –hay que ver lo simpáticas que son las canarias-, pero no me aclara nada, pues estaba almorzando, y no creo que las 14,30 horas sea la más adecuada para molestar al personal.
Le recuerdo, eso sí, que existe Correos –es posible que no se hayan enterado-, y que quiero la notificación por procedimiento administrativo, de la firma forma que yo hice la petición siguiendo los cauces correspondientes.
Como quien oye llover… Deben de pensar, como decimos en mi pueblo, que ya escampará, es decir, que ya dejaré de incordiar.
Pero no me conocen.
Formulo la queja correspondiente, por escrito, ante el Comisionado para la Ley de Transparencia del Gobierno Canario, supongo que un enchufado más –hay que ver la cantidad de organismos inútiles que van creando las autonosuyas, para dar de comer a los suyos-, y pasados unos días, recibo otra contestación telefónica de una canaria, diciéndome que ellos no pueden atender mi queja, pues no es competencia suya.
Entonces, ¿para qué coño están…?
Me remiten, una vez más, a otro organismo distinto, el Defensor del Comú, o algo así, supongo que será el Defensor del Pueblo canario.
¿Y para cuando un Defensor, de verdad, que nos proteja de los inútiles Defensores del Pueblo, que pueblan la geografía nacional, que no sirven para nada…?
Como ustedes comprenderán, ya tengo una edad, y no estoy dispuesto a seguir perdiendo el tiempo con estos engañabobos, y adoptaré las medidas legales que estime procedentes, en defensa de mis derechos.
Faltaría más.
Ramiro Grau Morancho
Académico, jurista y escritor
