La Constitución vigente, pero sólo sobre el papel, dice en su art. 1, 1, que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que promueve como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
El núm. 2 establece que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”,
En la práctica, la soberanía nacional reside en Pedro Sánchez, el destructor, en los militantes del PSOE, y en los partidos separatistas y filoterroristas.
Esa es la realidad.
Y el Estado de Derecho podemos cambiarlo por un Estado de Desecho, que promueve como valores superiores la tiranía, la injusticia (vid. el caso de Candidín, el hijo de Conde-Pumpido), la desigualdad entre ciudadanos de primera –catalanes, vascos y navarros-, y todos los demás que somos de segunda, excepto los extremeños, que son de tercera.
Urge que el Tribunal Constitución, que muchos ya llaman “Tribunal Prostitucional”, derogue el art. 9, 1, de la Constitución, que dice lo siguiente:
“Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”,
Y se dé una nueva redacción, más acorde con la realidad social:
“Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a Pedro Sánchez Pérez-Castejón y a lo que le salga de los cojones”.
Asimismo es básico, y urgente, derogar el art. 9, 3, pues no se atiene a la verdad histórica actual, sino todo lo contrario:
“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
Nada de todo ello se cumple en España, por lo que urge derogarlo, para que nadie se llame a andana.
En definitiva, los nuevos tiempos requieren una nueva Constitución, en la que es básico legislar que:
“El Presidente del Gobierno, aunque sea en funciones, tiene derecho a AMNISTIAR A QUIÉN LE DÉ LA GANA.
Y caso de que haya alguna duda jurídica, aplíquese el apartado anterior, siempre según la interpretación del Presidente del Gobierno, o de Conde-Pumpido (padre)”.
Así, por lo menos, el que quiera invertir en España, crear empresas, puestos de trabajo, etc., sabrá a qué atenerse.
¡Nosotros, los “socialistos”, comunistas, separatistas y filoetarras, no engañamos a nadie!
Ramiro Grau Morancho
Académico, jurista y escritor
https://www.ramirograumorancho.com
