Bienvenida sea la amnistía

Aunque nuestros próceres gustaron de acariciarse con las cantinelas aquellas de la reconciliación y el consenso, la realidad ha demostrado que no se trató de ningún borrón y cuenta nueva de los dolores históricos del último siglo, sino de una venganza de las izquierdas y los separatistas. Los vencedores del 39, reconstructores de España y suicidados con gusto para dar paso a la democracia, quedaron como los malos. Los perdedores, enterradores de la democracia republicana con sus mil y un golpes, revoluciones y crímenes, y de nuevo fracasados en sus deseos rupturistas tras la muerte de Franco, quedaron como los buenos. Y sus aliados separatistas vascos, creadores de su eficaz brazo terrorista, quedaron como heroicos luchadores por la democracia merecedores de amnistía y reconocimiento. Y medio siglo más tarde siguen recibiendo homenajes.

La Constitución se inspiró, por resaca antifranquista, en el fracasado modelo autonómico de 1931. Y así nació ese Título VIII que ha provocado el vaciamiento del Estado, la menor integración nacional de la larga historia de España, la desigualdad entre españoles, el éxito de los separatistas y la inminente ruptura de la nación. Y si todavía algún bienintencionado sigue manteniendo que nada de ello es culpa del texto constitucional sino de su mala aplicación, la conclusión sigue siendo la misma: se trata de un sistema que, diga lo que diga la Constitución, se ha demostrado incapaz de evitar el despilfarro, la corrupción, la injusticia, la opresión, el crimen, la mentira, la tiranía y la traición. Responsables de ello han sido todo tipo de instancias gubernativas, legislativas y judiciales. No ha funcionado nada. Y desde el punto de vista ideológico, los culpables han sido una izquierda cainita hasta el frenesí y una derecha inmóvil hasta la inexistencia.

Por eso es muy buena noticia la aprobación de la amnistía para los golpistas separatistas. Nadie con dos dedos de frente podrá seguir manteniendo que el régimen del 78 ha sido beneficioso ni para la nación española en general ni para los ciudadanos en particular. Sus efectos perniciosos son tan evidentes que no hace falta mencionarlos: los contemplamos y sufrimos todos los días nada más encender el televisor y salir a la calle. Y todavía hay cándidos que se empeñan en suponer que la Constitución va a impedir lo que ella misma lleva provocando desde hace casi medio siglo. Esperemos que haya políticos con la valentía suficiente para pasar de una vez las carcomidas páginas de la Constitución y empezar a pensar en el futuro.

Y junto a esos políticos, si es que tienen la talla suficiente, en las próximas semanas veremos si queda alguna instancia, sobre todo judicial, capaz de impedir la infamia y salvaguardar el imperio de la ley. Y en esto, naturalmente, va incluido Felipe VI, cuya función arbitral ejerció tan eficazmente en octubre de 2017. Evidentemente, un rey que reina pero no gobierna tiene muy poco margen de maniobra precisamente por la parálisis a la que le condena el bendito texto del 78, pero ocasiones como ésta prueban la rectitud de las personas y la fortaleza de las instituciones. Recuérdese Bayona en 1808 y sus nefastas consecuencias. Si las instituciones del Reino de España no están a la altura de los acontecimientos, su fracaso lo pagaremos todos los españoles, aunque no parece que la mayoría de éstos se hayan dado cuenta de la gravedad de la hora. Como en 1898, están más pendientes de cantantes, toreros y futbolistas que del hundimiento general.

Ha llegado el final del 78. A pesar de los dolores que habremos de sufrir, quizá sea para bien.

Cuando algo se tambalea, empújalo.

Jesús Laínz