La publicación de documentos secretos de USA por el portal de noticias de internet Wikileaks demuestra claramente lo que muchos sospechábamos, que Conde-Pumpido había sido puesto a la cabeza de la Fiscalía del Estado para que sirviese al PSOE, y a su política, tanto interior como exterior. La interior caracterizada por la persecución judicial a los miembros del PP, y la exterior por la sumisión a los intereses de USA, por encima de los de España o de los españoles.
Este caballero procede de una familia de raigambre en el mundo jurídico, de derechas de toda la vida, pero el “niño”, como otros muchos juristas que conozco, se ha inclinado a babor, como forma de hacerse perdonar sus antecedentes familiares, o tal vez para “matar al padre”, que dicen los psiquiatras, es decir hacer justo lo contrario de lo que ha mamado desde niño y ha vivido en su casa.
Conde-Pumpido ha venido actuando en estos años como un lacayo del PSOE, de una forma totalmente sectaria y partidista. Su famosa frase de que “había que arrastrar las togas por el polvo del camino” realmente ha sido cierta; ha puesto la toga fiscal a los pies del político de turno, cual alfombra del poder.
Se ensañó persiguiendo a don Francisco Camps, mientras miraba para otro lado en el escándalo de los expedientes de regulación de empleo de Andalucía, en el “caso Faisán”, en el enriquecimiento a todas luces injustificable del señor Bono, y en tantos y tantos otros asuntos que podían perjudicar al PSOE. La Fiscalía a sus órdenes -y nunca mejor dicho- actuó como abogados de la acusación particular contra el PP, y abogados defensores del PSOE… Fiscales acreditados, de la primera categoría de la carrera, decían en privado que les producía vergüenza ajena las actuaciones -o la falta de ellas, según la conveniencia política- de la Fiscalía, siguiendo siempre las “instrucciones” de Conde-Pumpido, que no tiene nada de cándido, sino más bien de taimado.
De puertas adentro de la Fiscalía actuó como un sargento cuartelero, con un total autoritarismo y de forma demagógica, tomando medidas y dictando circulares e instrucciones totalmente irrealizables, dada la falta de medios de la institución, pero que quedaban muy bien de cara a la opinión pública.
Recuerdo una de sus primeras instrucciones, en la que nos amenazaba con expedientes disciplinarios si seguíamos haciendo informes manuscritos…, dada la tradicional falta de ordenadores en la Fiscalía, y la ausencia de conocimientos informáticos -que nadie nos pidió- para acceder a la carrera fiscal, como titulares o sustitutos.
Y promoviendo una política de nombramientos no por mérito y capacidad profesional, sino por proximidad ideológica y personal. Dejando totalmente marginadas a personas muy valiosas pero que habían tenido la osadía de llevarle la contraria u opinar de forma distinta a la suya. Es el caso de don Eduardo Torres-Dulce, por ejemplo.
Su asistencia al Consejo de Ministros, con voz pero sin voto, suponemos, en calidad de asesor jurídico del gobierno, al igual que el Abogado General del Estado -quien sí estaba cumpliendo sus obligaciones profesionales-, fue la gota que colmó el vaso del Consejo Fiscal, sumiso donde los haya, para atreverse a quejarse de dicha presencia, que ponía de relieve la total dependencia de la Institución, o al menos de su cabeza, del gobierno de turno.
Y ello en abierta contradicción con el art. 124, 1, de la Constitución, que establece: “El Ministerio Fiscal… tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley…, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”
Por mucho que el Estatuto Orgánico permita en su art. 9º, 2, que “En casos excepcionales podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros”. A informar, no a asesorar al Gobierno, que no es lo mismo…
En qué quedamos, ¿Conde-Pumpido estaba al servicio de los derechos de los ciudadanos o a las órdenes de quien había propuesto su nombramiento al Rey?
Es decir, el gobierno del PSOE.
La conclusión es obvia, y no necesita más comentarios. No sólo eso, sino que se ensucia -y empaña el prestigio de la Institución- convirtiéndose en abogado del gobierno, o más bien en el perro de presa del PSOE, para atemorizar a los controladores.
La Ley 50/1997, del Gobierno, establece en su artículo 5, 2, que “A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado cuando sean convocados”. ¿Se asimiló al señor Conde-Pumpido a secretario de estado?
¿Y tendrá obligación legal de mantener el secreto de las sesiones, cuando el número 3 del citado artículo dice que “Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas”…?
Terribles interrogantes para un aprendiz de jurista, como el que suscribe.
Aunque tal vez la presencia de Conde-Pumpido pueda tener su acomodo legal en el artículo 4, 2: … “Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir Ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales”.
Es muy posible que el PRI-PSOE considere que la Fiscalía General del Estado es una función gubernamental, concreta y determinada…, como un ministerio sin cartera.
Sin cartera y sin dinero, pues lo cierto es que no tiene presupuesto propio y depende de lo que el Ministro de Justicia quiera gastar en la Institución.
En fin, castillos más grandes han caído, y su buen nombre profesional como Magistrado del Tribunal Supremo se ha cubierto de “polvo del camino” -por no decir de otra cosa- tras su paso por la Fiscalía General del Estado. Sic transit gloria mundi…
Y ahora, con su penúltima “deposición”, insultando, o por lo menos faltando al respeto, a sus compañeros magistrados del tribunal constitucional, se acredita, una vez más, que hay muchos jueces -y fiscales-, que se han equivocado de vocación, y que lo suyo es la política, no la actividad judicial o fiscal.
Publicado en julio de 2021 en El Correo de España, El Español Digital y Heraldo de Oregón
Ramiro Grau Morancho
Académico, jurista y escritor
