El BOE del 3 de enero publicó la Ley 1/2025, otro ataque frontal a la independencia judicial, orquestado por el régimen totalitario sanchista y los partidos comunistas, separatistas y terroristas.
¡Un monumento a la intromisión política en la Justicia!
La aprobación de la ley es de tebeo… Según la prensa, se consiguió mediante un pacto in extremis con Podemos que, a cambio de sus cuatro votos, consiguió una nueva prórroga para evitar los desahucios de los okupas e inquiliokupas.
Legislar así, a golpe de ilegalidades, y ataques al derecho, básico y natural, de propiedad, solo es propio de regímenes totalitarios y comunistas, como el que ahora sufrimos en España.
Y entrometerse en el Poder Judicial, que funciona más bien que mal, para “diseñar” una nueva organización, que lo único que busca es la pérdida de poder de los jueces independientes, se me antoja que también.
Dice el refrán que “dime de que presumes, y te diré de que careces”, y eso mismo es aplicable al pretendido fin de “mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia”.
El título ya de por sí, es engañoso. La Justicia no es un simple servicio público, es un Poder del Estado, independiente, al menos en un sistema democrático, como el que ahora estamos abandonando, a toda prisa, de manos del régimen sanchista.
Los jueces no son un servicio público más, como Correos, por ejemplo, o el Sistema Nacional de Salud, sino que ejercen uno de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), sin sometimiento alguno al gobierno de turno, sino únicamente a la Constitución y al imperio de la ley.
Y no es difícil de entender. ¡Basta con tener unos mínimos conocimientos de derecho constitucional, lo que antes se llamaba en las facultades de derecho, Derecho Político!
La ley ocupa 272 páginas del BOE, nada menos, y aunque la estoy estudiando en soporte digital, dejándome la vista, supone la desaparición del juez en su juzgado, y la creación de unos Tribunales de Instancia, en cada partido judicial.
¿Y cómo se van a articular esos Tribunales de Instancia en un partido judicial como el de Madrid, con más de cien juzgados civiles, por ejemplo…?
Pero eso no le importa al legislador, y es una pena que cualquier pelagatos pueda ser legislador, y que en el Congreso y el Senado no se sienten los mejores de cada casa, sino generalmente los peores, salvo honrosas excepciones, por supuesto.
Todo ello sin contar, o pasando olímpicamente, de los informes y dictámenes técnicos del Consejo de Estado, que tiene un cuerpo de Letrados de categoría (no así algunos de los actuales consejeros), del Consejo General del Poder Judicial, de los consejos profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales, etc.
¿Qué van a saber esos profesionales, que trabajan diariamente en los juzgados, aplicando y sentenciando las leyes…?
Por no hablar de que invade notoriamente competencias autonómicas en materias de la “administración de la Administración de Justicia”, el establecimiento de la planta de los partidos judiciales en su territorio, etc.
En definitiva, quiero alertar sobre esta ley, que será ley, pues ha sido aprobada por quienes pueden hacerlo, pero no todas las leyes son Derecho, en el sentido de formar e integrarse en el ordenamiento jurídico, un sistema que debe estar al servicio de los ciudadanos, y no del “puto amo”, para tapar todos los presuntos delitos de su partido -más bien partida-, de su familia y, posiblemente, de él mismo.
Ramiro Grau Morancho
Académico, jurista y escritor
