Que hay una “industria de la violencia contra la mujer”, queda fuera de toda duda razonable, y lo sabemos muy bien los que nos hemos dejado media vida trabajando en los juzgados y tribunales.
Hay cientos de miles de mujeres, posiblemente más de un millón, que viven opíparamente fomentando el enfrentamiento entre los hombres (siempre malos, según ellas) y las mujeres (seres de luz), la destrucción de las familias y graves problemas psicológicos y hasta psiquiátricos de esos millones de padres separados. Y de los hijos de familias rotas y destruidas, sobre todo si son menores de edad.
El propio “ministerio de igualdad”, un auténtico invento, más bien un engendro, responden a esa corriente de opinión, al que no son ajenas las generosas ayudas que la UE da a los estados miembros para apoyar esta “industria”.
(Hace años eran unos dos mil quinientos euros por denuncia; ahora supongo que la cantidad será superior).
Multitud de institutos de la mujer, nacionales y autonómicos, casas de la mujer, observatorios, centros de estudios, másters de género, y la necesidad de impartir justicia con “perspectiva de género” como defendía la petarda de Irene Montero, amén de miles de asociaciones y ONGs (que en realidad son gubernamentales, pues viven del dinero público), generosamente regado todo ello con nuestro dinero, han creado una realidad paralela, virtual, de la que viven opíparamente, repito, cientos de miles de vividoras.
Una “industria” floreciente, a costa de desintegrar las familias, cédula natural, y básica, de la sociedad, haciéndonos totalmente indefensos, frente a “papá Estado”, que todo lo prevé, y vela por nosotros… (Jodiéndonos todo lo que puede, y expoliándonos a impuestos, dicho sea de paso, en un comunismo real).
Por la simple presentación de una denuncia, verdadera o falsa (pienso, en conciencia, que más de la mitad son falsas), se tiene derecho a ayudas sociales, para el pago del alquiler, a residir en casas de acogida, en su caso, a traslado de puesto de trabajo, incluso de ciudad, o la extinción del contrato, en determinados supuestos, con indemnización, etc.
Todo un abanico de beneficios al que se acoge la práctica totalidad de las denunciantes, repito, tanto verdaderas como falsas.
¿Y quién decreta o dictamina que tienen derecho a esas ayudas…?
No un juez, o un fiscal, como sería lógico suponer, a la vista de los indicios probatorios, etc., sino el simple informe de un Trabajador Social, los antiguos Asistentes Sociales, generalmente ayunos de conocimientos jurídicos.
El presunto maltrato puede ser “psicológico”, me mira mal, me dice que soy una mantenida, no me habla, etc., o cualquier otra motivación subjetiva y parcial, de difícil demostración práctica.
¿Pero cómo van a dudar las mujeres, y la mayoría de las trabajadoras sociales lo son, de lo que diga otra mujer, esos seres de luz, que irradian belleza y justicia…?
En definitiva, y para resumir y concretar, una gran parte de las denuncias son un gigantesco cuento, y se ha montado una “industria” en torno a ellas, cuyo fin último, entiendo que es la destrucción de los matrimonios y de las familias.
Luego llegan a juicio, y acuden cogidos de la mano, pues ya se han reconciliado, y viven juntos -pasando de las órdenes de alejamiento, de protección, etc.-, y ante la falta de sostenimiento de la denuncia, el juez se ve obligado a absolver, por falta de pruebas.
Pero, eso sí, han disfrutado de las ayudas correspondientes que, por supuesto, nadie les va a reclamar.
¡No me extraña que la mayoría de esas personas, el mayor porcentaje extranjeras, o nacionalizadas, piensen que nuestros gobernantes son bordelines!
O tarados, con esa tara jurídica y anticonstitucional que supuso la ley de 2004, durante la égida destructora de Zapatero, que cambiaba el sentido de la prueba, y los hombres tienen que demostrar su inocencia, pues todos son -somos-, a priori, malos y culpables.
Por supuesto que también hay casos reales, de violencia de género, y quiero expresar mi apoyo y solidaridad con todas ellas.
Ramiro Grau Morancho
Académico, jurista y escritor
