España está condenando a su juventud, y no tan jóvenes, a una vida de presente, sin futuro, sin poder casarse, formar una familia, comprar una vivienda…, y, casi, ni alquilarla.
En otras palabras, a que los más preparados, y con menor herencia, se vayan a países donde se les ofrezca un presente y un futuro.
El artículo 47 de la Constitución dice claramente (y sin necesidad de que Conde-Pumpido y su troupe vengan a retorcer el texto constitucional), lo siguiente:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…”.
Asimismo, el art. 33 establece que:
- Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
- La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
- Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social…”. (Que les pregunten a los cientos de miles de españoles que tienen okupadas sus viviendas por la “protección” estatal de este derecho constitucional).
Pese a la gran importancia de esta materia, básica y fundamental, y que debería ser homogénea en todo el territorio nacional, se sembró la manzana de la discordia, al establecer el artículo 148, 1, 3ª, que la competencia sobre “Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”, sería autonómica, lo que, en mi modesta opinión, es una aberración como un piano de cola…
Y se preguntarán ustedes, y me pregunto yo también, ¿pues para qué tenemos un ministerio de la vivienda, igual que un ministerio de consumo, por ejemplo, cuando las competencias son autonómicas?
Pues para colocar a personas incompetentes, total, qué más da, si tampoco tienen competencias, y enchufar a palanganeros y mamporreras del “puto amo”.
22 ministerios nada menos, y el presidente, es decir, 23, casi tantos como ¡Guinea Ecuatorial, que tiene una treintena, creo recordar!
Y es que hay mucha gente que enchufar.
De la actual ministra del ramo, en su caso más de la rama, “Miss Abenójar, abogada de secano y lengua viperina”, ya me ocupé de ella en el artículo con ese título, y lo único que puedo decir de nuevo es que ya tiene siete propiedades inmobiliarias, por ahora.
El gobierno, más bien desgobierno, ni está ni se le espera.
No hay política alguna en la materia, ni siquiera para controlar las grandes bolsas de dinero negro que se invierten en ladrillos, o las cantidades, inmensas, de alquileres que se pagan en mano, en efectivo, y sin dejar rastro al fisco.
El fraude es brutal, empezando por los diputados y senadores que cobran un dineral (alrededor de 3.000 euros al mes para hoteles), teniendo muchos de ellos viviendas en Madrid… Todo ello aparte de su sueldo como diputados y, por supuesto, sin tener que declararlo como ingresos, pues son “gastos de representación”, viáticos, o como quieran llamarlo.
Mientras tanto vemos como se habilita cualquier cuchitril, sótano, portería, cuarto de los cubos de la basura, garaje, buhardilla en la que no se puede ni estar de pie, etc., como “viviendas”, cobrando unos alquileres que son de juzgado de guardia.
Muchas comunidades autónomas, como Aragón, han suprimido las “cédulas de habitabilidad”, con lo cual cualquier porqueriza sirve como “vivienda”.
Y, al paso que vamos, pronto se facilitará la vivienda en los nichos de los cementerios, siendo los panteones familiares viviendas de lujo, unifamiliares…
¿Nos hemos vuelto locos, por el afán especulativo, y la sangre judía que, sin duda, circula por las venas de millones de españoles?
Debemos vivir y dejar vivir.
Tempus fugit… Hoy cumplo 18 años (y 50 de regalo), y le pido a Dios un poco de salud, y más años de vida, para seguir diciendo las verdades del barquero.
Gracias, amigos y enemigos (los enemigos son los únicos que no te abandonan nunca), por su atención, y confío que mis reflexiones puedan serles de alguna utilidad.
Ramiro Grau Morancho
Académico, jurista y escritor
