Un alto funcionario de la Comisión Europea, con más de 32 años de experiencia en materia de defensa de la competencia y aplicación de las normas antimonopolio, que en 2018 participó de forma decisiva en el procedimiento abierto a “Google” que concluyó con la imposición de una multa de 4.342.865.000 euros por abuso de posición de dominio al haber impuesto restricciones ilegales a los fabricantes de “Android”, publicó una carta el pasado día 2 de junio en el diario “ABC”, cuyo contenido reproducimos a continuación:
“Asuma usted la dantesca situación de su Gobierno, tras una gestión catastrófica de la crisis sanitaria de España por el coronavirus. No haga como que no va con usted: va a legar una crisis económica gravísima a los ciudadanos españoles y a las generaciones futuras, por su manifiesta incompetencia también en asuntos económicos, por no escuchar a quien sabe de ese tema en su Consejo de Ministros y por haber metido en él (violando sus propias promesas preelectorales) a Pablo Iglesias y a su corte de los milagros bolivariana.
Para colmo, el acuerdo recientemente suscrito en materia laboral (y con especiales previsiones para País Vasco y Navarra) con sus socios de extrema izquierda (Podemos) y el brazo civil de la nunca extinguida ETA (Bildu), es incalificable desde cualquier perspectiva.
Señor Sánchez, lo suyo va más allá del oportunismo político, la falta de seriedad personal y la incompetencia profesional.
A veces pienso, observándole, que debe sufrir usted algún tipo de enajenación mental, lo que explicaría en parte su actuación y la catástrofe absoluta en que está sumiendo al país. Quiero pensar que ese es el caso porque, si no, si su actuación responde a un plan consciente y preestablecido, entonces su paso por La Moncloa le sitúa a usted directamente en la órbita del Derecho Penal.
Señor Sánchez, no puede usted seguir ni un día más como presidente del Gobierno y aún menos manteniendo en su seno a Pablo Iglesias, un grotesco vicepresidente que ha roto repetidamente la cuarentena sanitaria que debió seguir en su momento y que continúa apareciendo en los medios de comunicación con arengas y soflamas políticas inconcebibles en momentos tan graves como los actuales.
Dimita ya mismo, señor presidente. No es un ruego, es una exigencia de un ciudadano español, el que suscribe, que tiene la convicción de estar expresando el sentir de millones de compatriotas”.
Estas declaraciones han provocado cierto revuelo, por motivos de purismo en juristas biempensantes, porque parecen desentonar con la neutralidad e imparcialidad exigibles a un funcionario comunitario – habría mucho que hablar sobre este mito tecnocrático, y sobre su vigencia efectiva, lo dejamos para otra ocasión-, aunque el interesado ha insistido una y otra vez en que ha hablado a título personal, en su condición de ciudadano. Por otra parte, en el caso de ciertos bucaneros de las terminales mediáticas del sistema, el escándalo es, sin más, farisaico.
Se traen aquí a colación con un único propósito: cualquier persona razonablemente honrada y sensata sabe este sediciente gobierno de España constituye una garantía infalible para la ruina de la nación. Medio país no se resigna a morir anegado por la vomitona revolucionaria. Caminamos a marchas forzadas hacia una tiranía infame, hacia un despotismo asentado sobre nuestra propia indolencia como pueblo. Es hora de reaccionar. No podemos seguir dando por bueno todo lo que está haciendo desde el poder público un sindicato de delincuentes sobre la base de que todo se hace “democráticamente”, cuando se perpetran diariamente fraudes inauditos contra esas mismas instituciones que cándidamente se siguen motejando de “democráticas”.
El viejo chiste de las tres fases de la borrachera se ha ido cumpliendo casi a la letra: primera, exaltación de la amistad; segunda, cantos regionales; y tercera,… negación de la evidencia. Entre los cantos de sirena de ciertos medios y un control parlamentario reducido a la mínima expresión y convertido, salvo honradas excepciones, en un ridículo vodevil, no cabe seguir mirando hacia otro lado. Nos jugamos el todo por el todo. Nos jugamos la patria, España, que no es ni mejor ni peor que otras, sino que es sencillamente la nuestra, nuestro modo propio de vivir en este mundo. La alternativa es convertirse en una muchedumbre de parias desarraigados, de electores leales únicamente a los partidos, el sueño eterno de la Revolución glorificado en los ripios de La Internacional. Eso sí todos perfectamente estabulados por el Estado a través del olímpico ingreso mínimo vital. He aquí la desembocadura final del régimen del 78: un Estado que renuncia al objetivo de promover las condiciones para la creación de empleo y riqueza para todos y pasa simplemente a garantizar la subsistencia a cambio de la servidumbre, la cautividad civil y política.
