La noticia no ha saltado a los grandes medios. Hay que buscar en los de siempre, los pocos que no recuerdan a las viejas gramolas de “La Voz de su Amo”.
Todo empezó allá por el año 2006. El juez Fernando Ferrín Calamita ejercía sus funciones en un Juzgado de Familia en Murcia cuando le llegó el caso de una mujer lesbiana que quería adoptar a la hija pequeña de su pareja. Y no se le ocurrió otra cosa al juez que pedir informe pericial sobre si este era el mejor hogar posible para esa niña. Los todopoderosos lobbies del pesebrismo LGBTI y sus propios compañeros y superiores, cooperadores necesarios en toda esta historia, decidieron entonces acusarle de retraso malicioso para no resolver el expediente. Ferrín Calamita fue acusado de un crimen abominable consistente en pensar que lo mejor para una niña era ser educada por un padre y una madre. Ni siquiera pudo llegar a fallar si accedía o no a la adopción. Fue linchado por la propia Administración de Justicia en la que venía sirviendo.
Y no, no se equivoquen, esto no fue cosa sólo de los “rojos”. Gobernaba Zapatero, sí, pero la Administración autonómica competente, en Murcia, era y es del PP. Fue inhabilitado por 10 años, desprestigiado y arruinado. El Consejo General del Poder Judicial le expulsó de la carrera judicial, el Tribunal Supremo ratificó esta decisión y… el gobierno de Rajoy, a propuesta del Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, le denegó el indulto.
Pero miren ustedes por donde, resulta que, contra todo pronóstico, ha resultado que el juez tenía razón. La pareja de lesbianas que le persiguieron hasta el final se ha divorciado y ha abandonado a la niña (hoy ya adolescente) por la que se generó el caso y se la ha entregado a los servicios sociales.
A través de una carta abierta en Facebook a Candela, nombre de esta niña, Ferrín Calamita cuenta esta historia. Calamita escribe: “ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales. Lo siento mucho. El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia. He hecho gestiones para averiguar tu paradero, pero lógicamente no me han facilitado ningún dato en ese organismo de la Consejería de la CARM que ahora se llama de Familias y LGTBI”. Y concluye esta carta abierta a esta niña recordándola que al tener más de 12 años “tienes derecho a ser oída por un juez y que, cuando cumplas los 16, puedes instar la emancipación o habilitación de edad, y ejercitar acciones legales acto seguido contra el Estado y/o la CARM -y contra tus dos «mamás». A tu disposición para lo que te pueda ayudar, tanto en lo personal como en lo profesional jurídico. Se ha menoscabado tu dignidad y tus derechos básicos como persona, sujeto de derechos. Una grave injusticia”.
Ante todo, tenemos que pensar en esa pobre niña, cuyos derechos no parecen tener tanta importancia como los de otras personas, cuyos derechos y dignidad de persona no parecen tener relevancia en absoluto para las autoridades. ¿Qué va a hacer la sociedad? ¿La respuesta es “que se encarguen los servicios sociales”? ¿La justicia va a permanecer impasible cuando se trata a un menor como si fuera una mascota o un animal de compañía? ¿Es esto o no un caso paradigmático de “cultura del descarte”, en el que el descartado es nada menos que un ser humano, cuando ya no sirve a los caprichos de los nuevos grupos privilegiados en esta sociedad? Sus vecinos, amigos, compañeros, profesores,… sus paisanos,… ¿vamos a aceptar esta salvajada así, sin más? ¿Y se nos va a seguir llenando la boca con el Estado del bienestar, los derechos sociales, etc. etc. etc.?
En España a quien da la cara por la Verdad y la Justicia se la parten. Por tanto, pidamos a Dios su gracia y el valor para cumplir con nuestro deber, al menos con una mínima parte de la dignidad y la entereza con que lo hizo Fernando Ferrín Calamita. La palabra “martyr” en griego significa testigo, es decir, el que da testimonio de la Verdad.
