Al poco de instaurarse el régimen del 78, se detectó que había políticos profesionales que no se habían molestado en trabajar nunca, y que no tenían cobertura para la vejez, una vez abandonado el escaño correspondiente.
Es lo que pasa cuando uno se dedica profesionalmente a la política, en vez de ejercer una profesión, oficio o trabajo como todo hijo de vecino.
Pues nada, ningún problema. Hecha le ley, hecha la trampa, como decimos los juristas…
Se optó por conceder pensiones parlamentarias, que podríamos llamar extraordinarias, al margen de las de la seguridad social, o del régimen de funcionarios públicos, y aquí paz y después gloria.
Los parlamentarios, obviamente legislando en su propio beneficio, optaron por considerar que debían “disfrutar” de la pensión máxima existente en España, de forma que los presupuestos del Congreso y del Senado, es decir, de las Cortes Generales, les pagaría la cuantía correspondiente a las diferencias entre las pensiones exiguas que hubieran obtenido por sus escasos años de vida laboral (y algunos ninguno, realmente vírgenes, ahí tienen ustedes a Ábalos, por ejemplo, que ha trabajado solo tres meses en su vida), y esa pensión máxima que se puede cobrar en España, a excepción de determinados altos cargos, que pueden cobrar el 80% de lo que perciba en todo momento el titular real del cargo: ex presidentes del gobierno, defensor del pueblo, fiscal general del estado, etc.
Según la información adjunta, hay “pensionistas” –en realidad, beneficiarios-, que cobran un dineral, y es realmente sangrante que en una situación de crisis económica como la actual, estemos tirando nuestro dinero, manteniendo a cuerpo de rey a un grupo de vividores, que no han hecho otra cosa en su vida que intrigar políticamente.
Veamos los nombres y las cuantías que cobran algunos beneficiarios, aunque en el PDF adjunto aparece la lista completa:
MARÍA CRISTINA ALMEIDA CASTRO: 2.842,86 euros mensuales.
JAIME IGNACIO DEL BURGO TAJADURA: 3.158,74 euros mensuales.
PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET: 3.158,73 euros mensuales.
(Estas tres personas fueron abogados, o por lo menos decían serlo, por lo que no entiendo como no perciben las pensiones correspondientes de la mutualidad general de la abogacía, o del régimen especial de trabajadores autónomos de la seguridad social).
JOSEP MARIA TRIAS DE BES I SERRA: 2.337,70 euros mensuales. (Este señor es catalán, pero no le hace ascos a cobrar una buena pensión “especial” del gobierno español…).
ANTONIO FAURA SANMARTIN: 2.526,99 euros mensuales.
JOSÉ LUIS GALACHE CORTES: 2.626,99 euros mensuales.
JOAQUÍN GALANT RUIZ: 2.626,99 euros mensuales.
JOAQUÍN GARCÍA-ROMANILLOS VALVERDE: 2.626,99 euros mensuales.
MARÍA DOLORES PELAYO DUQUE: 2.013,76 euros mensuales.
JESÚS MARÍA PÉREZ ORGOS: 2.626,99 euros mensuales.
MARÍA TERESA REVILLA LÓPEZ: 2.626,99 euros mensuales.
AÑA MARÍA RUIZ-TABLE: 2.052.27 euros mensuales.
PERE VIDAL Y SARGO: 2.104,82 euros mensuales. (A juzgar por el nombre, supongo que este señor es catalán, pero por lo visto, tampoco le hace ascos a lucrarse con una buena pensión extraordinaria y especial del gobierno de la oprobiosa España…).
¡Los catalanes son ansí!
Termino ya… El listado comprende varios cientos de beneficiarios, ordenados alfabéticamente, por lo que puede usted mirar tranquilamente si ese diputado o senador que en teoría le ha representado, y que nunca le ha hecho caso cuándo ha acudido a él con algún problema, se está lucrando con el dinero de sus impuestos…
Hablando y escribiendo en conciencia, como siempre hago: ¿Ustedes creen que España puede permitirse este derroche del escaso dinero público existente, en beneficio de la castuza política que hemos sufrido, y seguimos aguantando…?
Yo, NO.
Ramiro GRAU MORANCHO
Abogado y escritor
